Este tipo de abusos son habituales, aunque la prestación de estos servicios también pueda ser legítima. Los números 903 corresponden a servicios exclusivos para adultos; los 906 incluyen prestaciones de ocio y entretenimiento, y los 907 prestan asistencia profesional (por ejemplo, de un despacho de abogados o la consulta de un psicólogo).
Asimismo habra de tener cuidado a la hora de instalar dialers o conexiones a traves de internet, ya que a pesar de tener la conexion adsl, la misma puede llevar traficacion adicional, asi como desconfiar de las ofertas de llamadas a bajo precio o de la desacarga de archivo a travez de la conexion adsl. Precio por minuto El precio por minuto es muy superior al de un número normal. Esta circunstancia, no por ser suficientemente conocida deja de ser aprovechada para estafar a algunos ciudadanos. Las organizaciones de consumidores recomiendan por ello que los usuarios soliciten a su operador telefónico el bloqueo del servicio de llamada a estos teléfonos.
La cuarta cifra del número en cuestión es un indicativo del precio de la llamada, que oscila entre los 0,35 céntimos de euro por minuto desde un fijo para los teléfonos cuyo cuarto número sea el 0 o el 1, hasta los 3,15 euros por minuto de los que tengan el 9 como cifra en cuarto lugar. El coste máximo legal de cada llamada en el primer caso es de 22,72 euros mientras que en el otro puede sobrepasar los 120 euros.
Pero si se decide seguir teniendo acceso a estas líneas o ya es demasiado tarde para evitarlo, la Orden del Ministerio de la Presidencia 361/2002, de 14 de febrero (modificada por la Orden PRE/2.410/2004, de 20 de julio) reconoce el derecho a los usuarios que se consideren víctimas de estafas, por las líneas citadas para los servicios de voz o las 907 para Internet, de no pagar el importe de las llamadas que iría destinado al prestador del servicio, es decir, al presunto responsable del delito. Por tanto, los usuarios podrán dejar de abonar este pago sin correr el riesgo de que su compañía les corte la línea. No obstante, será preciso siempre que presenten una reclamación en la que se detallen las irregularidades. También se produce un timo cuando un ciudadano recibe una llamada que le avisa de que debe llamar a un número de tarificación adicional para recibir un premio que supuestamente ha ganado. Frecuentemente el número se cita partido para despistar (90 33…).
Los estafadores pueden utilizar otras argucias como anunciarse ofreciendo empleo, advertir a un usuario de que tiene que solucionar un trámite con la Seguridad Social, retirar un paquete a su nombre en la oficina de Correos, etc. Código de Conducta Pero estos servicios se regulan además por un Código de Conducta de obligado cumplimiento redactado por la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA) que deberán respetar sus prestadores y los operadores telefónicos. Sin embargo, las organizaciones de consumidores denuncian reiteradamente un “inaceptable nivel de incumplimiento de lo establecido” y han solicitado en muchos casos a la CSSTA la retirada de cientos de números 900 por que no daban la información relativa al precio ni dejaban clara la identificación del prestador del servicio.
El Código de Conducta obliga a que el prestador del servicio sea siempre identificable por sus usuarios para que puedan ponerse en contacto con él sin dificultades. Por tanto, si se trata de una empresa debe aparecer su domicilio fiscal y si se trata de una persona física ha de constar un domicilio. Sin embargo, los servicios denunciados publican únicamente el número de un apartado de Correos, lo que, según diversas organizaciones, no puede considerarse nunca como un destino para el envío de una comunicación fehaciente, algo siempre imprescindible para cursar cualquier reclamación.
La orden ministerial citada obliga a la compañía telefónica a desglosar en la factura la parte del importe de las llamadas que corresponde a los prestadores de los servicios de tarificación adicional y la que pertenece a los operadores telefónicos. Si la factura no detalla estos importes, el usuario tiene derecho a suspender el pago de la totalidad del cargo de las citadas llamadas hasta que su compañía le remita una factura desglosada. Los beneficiarios de los servicios de tarificación adicional son la compañía telefónica de la que es cliente el usuario, el operador propietario del número y el prestador del servicio.
Entre ellos se reparten el importe de la llamada. Una vez averiguado el importe correspondiente al prestador del servicio irregular, el usuario deberá ordenar por escrito a su entidad bancaria que rechace el pago del recibo en el que se incluyan las llamadas en cuestión y tendrá que abonar el importe resultante una vez restadas las cantidades precisas. Si el usuario tiene que reclamar la anulación definitiva del pago puede hacerlo con la ayuda de una asociación de consumidores, dirigiéndose a la OMIC de su ayuntamiento o a la Junta Arbitral de Consumo más cercana para que lo resuelva.
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