La reforma de las pensiones públicas consiste en un conjunto de medidas que apuntan a la reducción de los niveles de pensión
La crisis económica y el aumento del paro, han provocado una reducción del número de las personas activas que han de financiar las pensiones de las que se encuentran en edad pasiva. Es en este dato objetivo sobre el que se asientan las reformas.
El sistema público de pensiones tiene un problema demográfico intrínseco: el notable incremento de la esperanza de vida y la reducida tasa de natalidad hacen que el envejecimiento de la población, convierta en insostenible el sistema. Además, la crisis económica y el aumento del paro han provocado una reducción del número de las personas activas que han de financiar las pensiones de las que se encuentran en edad pasiva.
La Seguridad Social ha calculado que para 2025 la cifra actual de pensionistas a cargo del sistema público, de 8.711.000 personas, se elevará a 11 millones; y en 2050, a 17 millones, es decir la cifra actual de cotizantes, entrando el sistema en déficit a partir del año 2023.
Estos fenómenos demográficos, que no serían un problema en un sistema de capitalización individual, pues las pensiones se financiarían con las propias cotizaciones de los futuros pensionistas, sí lo son dentro del sistema de reparto en que se basa el sistema de Seguridad Social.
Uno de los temas de principal controversia era la propuesta del retraso de la edad de jubilación desde los 65 actuales a los 67 años. Para los profesionales que tienen asumido que la jubilación se puede retrasar porque la vida en pleno uso de las facultades de cada uno se prolonga, no deja de ser éste un debate que parecía poco realista.
No obstante, aun siendo ésta la controversia más visible, las medidas a adoptar, en las que sí ha existido acuerdo general, se refieren a que el 100% de la pensión no se alcance con 35 años cotizados, como hasta ahora, sino que para conseguir la pensión plena, haya que trabajar 37 (o si se desea uno jubilar a los 65, la pensión no se alcance hasta los 38,5 años de trabajo), lo que supone, en la práctica, una reducción de la cuantía final de las pensiones, en cualquier caso.
Asimismo, se ha acordado la ampliación de 15 a 25 años del periodo para calcular la pensión. Esto supondrá una disminución de la pensión para la mayoría de los trabajadores, ya que se realizará una ponderación de la cuantía de la prestación correspondiente, en función de algunos años de la vida laboral en la que los trabajadores supuestamente pueden haber tenido un salario más bajo que al final, en los que repercuten los incrementos por antigüedad así como la propia promoción profesional.
Son medidas sin embargo que se adoptarán progresivamente, por lo que su repercusión plena se dará para las personas que actualmente tienen menos de 50 años.
La Seguridad Social ha calculado que entrará en déficit en el año 2023, si no se aprueban reformas.
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