La reforma del sistema pública de seguridad social
Tras los trabajos de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el Gobierno ha consensuado con los sindicatos las medidas a adoptar para reequilibrar las cuentas de las pensiones públicas cara al horizonte de 2025, en que el sistema actual no hubiera podido sostenerse. Todas las medidas, pendientes ahora del trámite parlamentario para su aprobación, van encaminadas a una reducción de las pensiones de la Seguridad Social
Los gestores de las pensiones públicas, de reparto, no se han planteado en ningún caso, la reforma hacia un sistema de capitalización, como sí se impuso y hemos realizado las entidades privadas. La razón de tener que continuar con el sistema de reparto en la Seguridad Social, que desplaza las cargas actuales a los futuros cotizantes, es muy simple: pasar a capitalización supondría un coste tan elevado para esta generación, que se considera inabordable.
El sistema de reparto redistribuye rentas entre sectores, territorios y generaciones, pero en las circunstancias actuales, con una generación joven cuyas expectativas de riqueza no está claro que puedan ser superiores a las que tuvo la generación anterior, roza, no obstante, con la insolidaridad hacia aquellas.
Todos los expertos coinciden que hacia mediados de la próxima década el sistema actual de pensiones públicas será insostenible, por lo que requiere reformas. Reformas que deben ser incluso más importantes que las de los países de nuestro entorno, debido a la mayor cobertura relativa del sistema y a que se abordan con retraso.
Los parlamentarios de pacto de Toledo, que inicialmente constaron en el documento de conclusiones remitido al Gobierno, la falta de acuerdo en algunos puntos fundamentales, entre ellos el retraso en la edad oficial de jubilación, finalmente han reconocido la necesidad de este retraso, al igual que ya han hecho otros países europeos, porque sin esta medida la reforma hubiera resultado poco creíble.
El acuerdo alcanzado, abarca a la necesidad de frenar las jubilaciones anticipadas, evitar reducciones de plantilla con cargo a la seguridad social, prolongar los años de cómputo para alcanzar la pensión completa y alargar el número de años para el cálculo de la pensión, limitar el aumento de las pensiones no contributivas, reformar las pensiones de viudedad, establecer bases de cotización mínimas para autónomos sobre remuneraciones reales, etc.
Con independencia de los detalles definitivos sobre la reforma, veamos cuales son las claves sobre el futuro a medio plazo de las pensiones públicas en España.
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