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Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos
Impuesto sobre  Bienes Inmuebles
 
 
AL EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
 
DON Z JIMENEZ, con DNI nº -T, con domicilio en la calle MARIANO DE CACERES nº 15 1º, en el municipio de , con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Rael nº 24 deas, tfn, 389 comparece y como mejor proceda, DICE;
 
Primero.- Que durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se liquidaron en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la finca catastral 5N0001RQ, las siguientes cantidades;
 
Ejercicio  2011……………………...  4.391,30 euros.
Ejercicio  2012  …………………….  1.633,83 euros.
Ejercicio  2013  …………………….  1.778,60 euros.
Ejercicio  2014  …………………….  2.168 euros.
Ejercicio  2015  …………………….  1.757,92 euros.
 
Asimismo se derivaron las siguientes ejecuciones;
 
Exp. 2012-01-324626 por importe de 5.281,16 euros.
 
Segundo.- Que se presentaron escritos el 17 de abril de 2015, 6 de Julio de 2010, 19 de agosto de 2014, se aportan con este escrito. Habiéndose dado de baja los recibos del IBI de los ejercicios 2015, 2013 y 2012.
 
Tercero.- Que no estando conforme con las cantidades abonadas ni con las liquidaciones de las que derivan, ni con las ejecuciones, solicita la anulación y devolución de las mismas conforme a los artículos 120.3 y 221 de la Ley General Tributaria en base a las siguientes;
 
 
 
 
ALEGACIONES
 
Primera.- Se solicita la anulación y devolución de los recibos del IBI de la finca catastral 0001RQ y de las ejecuciones y embargos que se derivan de las mismas, en base a que se ha aplicado de modo incorrecto la base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles. A tenor del artículo 65 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), la base imponible del IBI la constituye el valor catastral, calculado conforme a los límites legales. Y en aplicación del artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), en relación con la norma 3 del Real Decreto 1020/1993 sobre normas técnicas de valoración, y con la Orden Ministerial de 14 de octubre de 1998, para dicho valor catastral ha de tenerse en cuenta, que los contribuyentes no pueden verse obligados a aceptar que haya inmuebles calificados catastralmente como urbanos contrariando la tesis de la STS de 30.5.2014.
 
Prueba de ello es la resolución del TEAC del pasado 13/5, mediante la que este órgano administrativo “(…) a la vista de la nueva línea jurisprudencial que interpreta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para considerar un bien inmueble urbano a efectos catastrales es necesaria la aprobación del instrumento de ordenación detallada del suelo, procede a modificar su anterior criterio en el sentido de ‘exigir , para clasificar como urbanos, al amparo de lo previsto en el artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los bienes inmuebles cuyo suelo sea urbanizable sectorizado o delimitado según el planeamiento urbanístico, que  se haya aprobado el instrumento de ordenación que establezca las determinaciones para su desarrollo’”.
 
La finca catastral 18596001RQ,  según consta en el certificado emitido por el ayuntamiento de Laás , no tiene acceso rodado, y no cumple  con la calificación de suelo urbano consolidado, se aporta certificados.
 
Segunda.- Los recibos del IBI emitidos, tienen una base imponible superior a la legal, puesto que como establece el Tribunal Supremo no pueden tener el mismo valor terrenos urbanos sobre los que el contribuyente puede construir de forma inmediata con la solicitud de la licencia, con aquellos otros terrenos sobre los que el ciudadano no puede construir hasta el desarrollo por el ayuntamiento de la normativa urbana de dichos terrenos, por lo que es evidente que ambos terrenos no tendrían el mismo valor de mercado, por lo que resulta contrario al principio constitucional del principio de justicia  y de equitativa distribución de la carga tributaria que recoge el artículo 3 de la Ley General Tributaria. En las liquidaciones impugnadas, el impuesto ha estado totalmente desvinculado del valor de los bienes gravados.
 
Debe tenerse en cuenta el Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (arts. 6.4  y 7), la propia normativa de la Comunidad Autónoma y las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana, que clasifica el suelo, concluyendo que "sólo pueden considerarse urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada".
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta los criterios establecidos para la determinación de las situaciones de suelo rural y urbanizado en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio (TRLS, en adelante), cuyo art. 12-2 b  ) dispone que están en situación de suelo rural "el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanístico prevean o no permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización".
 
Y como el terreno está clasificado como suelo URBANIZABLE SECTROIZADO NO ORDENADO SUSNO R-5, según certificado emitido por el ilustre ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, en el exp. Nº C.CL.S.O.033/2013, no cuenta con plan parcial, ni proyecto de urbanización puede entenderse como urbana a los efectos de la legislación catastral. Los tribunales han estimado que no tendrán la consideración de suelo de naturaleza urbana, «debiéndose valorar dicha parcela como rústica en tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo.
 
       Asimismo en la actualidad se ha reclasificado por el PGO como suelo rustico de protección paisajística tipo 1 SRPP-1.
 
La Ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen del suelo y valoraciones, en su artículo 8 recogía una noción de suelo urbano, señalando "que tendrán tal condición de suelo urbano, a los efectos de dicha ley  : a) El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidados por la edificación en la forma y con las características establecidas por la legislación urbanística; b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo".
 
No es "urbano" el resto del suelo urbanizable, por exigir para su desarrollo un Plan Parcial o un Programa de Ejecución y, por tanto, no puede considerarse sectorizado o delimitado.
 
Este proyecto de Ley dio lugar a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, que deroga la Ley 6/1998 de 13 de abril (en la actualidad hay que estar a su Texto Refundido aprobado por Real Decreto 2/2008, de 20 de junio).
 
La nueva Ley, de un lado, eliminó la anterior distinción de tres clases de suelo, urbano, urbanizable y no urbanizable existentes, reduciendo la tipología de suelo a dos, el que está en situación de urbanizado y el que está en situación de rural; y de otro lado, modifica el método para valorar el suelo en función de esa situación física del terreno, con lo que se elimina la consideración de las expectativas que se deriven de los procesos urbanísticos que estén o puedan estar en curso.
 
De esta forma su art. 12 regula las situaciones básicas del suelo señalando lo siguiente:
 
1. Todo suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.
 
2. Está en la situación de suelo rural.
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir como mínimo los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevean la legislación de ordenación territorial o urbanística.
 
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente.
3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.
 
El apartado tercero, a su vez, fue modificado por la disposición adicional final 12.7 de la Ley 8/2013, de 26 de Junio, que además añade el apartado 4º, de la siguiente forma:
 
Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:
 
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.
 
El artículo 7 considera, en su apartado 1, que el carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo, precisando, en su apartado 2, lo que ha de entenderse por suelo de naturaleza urbana.
 
La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, dio nueva redacción al apartado 2 del artículo 7 del TRLCI , así como a la disposición segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, estableciendo que:
 
“Se entiende por suelo de naturaleza urbana.
a) El clasificado o definido por el planeamiento como urbano, urbanizado o equivalente.
b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.
c) El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población.
e) El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos para la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
 
De aplicarse el mismo valor estaríamos ante la nulidad de la valoración por cuanto la finca, pese a estar dentro del perímetro que delimita el suelo urbano es de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urbanizable, sin haberse iniciado el proceso de urbanización al no estar aprobado el instrumento de desarrollo.
 
Tercero.- La solicitud de devolución del IBI, se hace en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (rec.2362/2013), estamos ante una sentencia dictada en interés de ley porque la abogacía del Estado quería que se sentara doctrina legal. 
        
El Valor Catastral del suelo materialmente rústico pero recalificado urbanísticamente, no puede ser el del propio del suelo urbano que está listo para ser urbanizado, al no haberse aprobado los planes o instrumentos de desarrollo que lo permitiesen.
     
El Supremo viene a decir, que un terreno tiene que ser valorado con arreglo a su funcionalidad y utilidad real, de manera que solo cuando esté agotada la regulación urbanística del terreno y el propietario pueda acometer su urbanización material, podrá ese terreno perder su valor rústico y tributar como urbano. Si quien tiene que aprobar esa regulación urbanística (la Administración) no lo ha hecho, el terreno sigue siendo una mera profecía, porque no estará urbanizado, y no tendrá que tributar como si lo fuere.
     
Si la Sala contencioso-administrativa que lleva asuntos tributarios declara en su fundamentación que los terrenos calificados como urbanizados no tendrán valor propio de los urbanos en tanto se desarrollen los instrumentos de planeamiento, las valoraciones del Catastro, guiadas por la calificación urbanística municipal de “urbanizado” le atribuyeron un valor superior al rústico.
 
Y si está en entredicho el valor catastral, también se contaminan los actos de gravamen que se apoyan en aquél, entre otros el IBI.
 
El Supremo parece considerar que el sentido común lleva a que no puede tener igual valor el suelo urbanizable “listo para ser urbanizado” (esto es, delimitado como tal y además con las normas de planeamiento para llevarlo a cabo dispuestas) que el suelo urbanizable “pendiente de ser urbanizado y sin el planeamiento aprobado”).
 
”Ahora bien, no cabe sostener, como mantiene el Abogado del Estado, que todo el suelo urbanizable sectorizado o delimitado por el planeamiento general tiene per se la consideración catastral de suelo urbano, sin distinguir si se encuentra ordenado o no ordenado, y que el artículo 7 sólo excluye de tal consideración al urbanizable no sectorizado sin instrumento urbanístico aprobado que establezca las determinaciones para su desarrollo.   Antes, por el contrario, hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico.”
Por otra parte, como para calcular el valor catastral se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso aquel pueda superar a este último (art. 23.2 del TRLCI) si las ponencias de valores no reconocen la realidad urbanística, podríamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral superior al del mercado, con posible vulneración del principio de capacidad económica, que no permite valorar tributariamente un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estaría gravando una riqueza ficticia o inexistente.”
 
Para el Tribunal Supremo, no tiene sentido valorar del mismo modo terrenos ya urbanos, que otros cuya expectativa de urbanización se prevé a largo plazo, por no contar siquiera con un instrumento de planeamiento aprobado. Es evidente por tanto, que en los últimos ejercicios se ha venido cobrando IBI urbano a terrenos que debieron tributar como rústicos.
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
En cuanto a la cuestión procesal sobre la viabilidad jurídica de la impugnación indirecta de la Ponencia de Valores con ocasión de la liquidación del impuesto, que no ha recibido respuesta unánime en TSJ ni en el propio Supremo, como se encarga de exponer la sentencia de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid de 18 de Julio de 2014 (rec.95/2011), la que acepta ” que al hilo de la impugnación del concreto valor catastral notificado, pueda el reclamante poner de manifiesto no sólo una aplicación incorrecta o defectuosa de la Ponencia, cuestionándose así el valor individual impugnado, sino también determinados vicios que afectan directamente a la propia Ponencia de valores”.
 
Ha de tenerse en cuenta la consulta de la Dirección General de Tributos (V3193-13), en la que el Centro Directivo afirma que la modificación del valor catastral, de lograrse a instancias del interesado, tendría efectos retroactivos desde la fecha en la que se produjo la indebida valoración catastral como urbanos, de los terrenos afectados. Y ello porque, si de acuerdo con la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo, dichos terrenos son catastralmente rústicos, debieran serlo desde la aprobación de la Ley a que se refiere la sentencia, y cuyo artículo 7.2.B interpreta, no desde que el Catastro se decida -o se vea obligado- a acoger tal interpretación.
 
Y concluye la citada consulta de Tributos que, aunque el contribuyente tendría derecho a solicitar lo pagado por IBI y otros tributos que puedan estar afectados, desde la fecha a la que se retrotraigan los efectos de la valoración catastral, la prescripción le impedirá hacerlo, pudiendo reclamar únicamente la devolución de aquellos tributos que se pagaron hace menos de cuatro años, al prescribir el derecho a solicitar la devolución de los ingresos indebidos a los cuatro años desde que se realizó el ingreso (artículo 67.1 Ley General Tributaria).
 
Ha de acudirse a la legislación urbanística a los efectos de calificar catastralmente un terreno como suelo urbano o como suelo rústico; en segundo lugar, que un terreno precisa, en todo caso, la aprobación del correspondiente instrumento urbanístico de desarrollo para poder alcanzar la condición de suelo urbano, por lo que debe reputarse catastralmente como suelo rústico mientras no se apruebe dicho instrumento, aunque se trate de un suelo delimitado o sectorizado por el planeamiento urbanístico general, y en tercer y último lugar, que no es coherente interpretar que el suelo urbanizado delimitado o sectorizado en el planeamiento general tiene la consideración catastral de suelo urbano, aunque no se haya aprobado el instrumento urbanístico de desarrollo, cuando el artículo 12.2, letra b), del TRLS, considera que está en situación de suelo rural, aquel «suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización»
 
Es de recordar, que al impugnar la asignación de valor catastral es posible impugnar también el contenido de la Ponencia de Valores que afecta al mismo (Resolución del TEAC de 27 de junio de 1989), ya que a pesar de que ésta no es una disposición de carácter general sino un acto administrativo plúrimo notificado por edicto y que afecta a una pluralidad indeterminada de personas, y por ello le es de aplicación el artículo 26 de la LJCA, por lo que resultaría impugnable de forma indirecta junto con la de los actos de aplicación de dicha Ponencia.
 
Resolución: 06847/2011/00/00, Fecha de la resolución: 13/05/2015
Asunto:  IBI. Consideración de bien inmueble urbano a efectos catastrales. Requisitos
Criterio:  Para clasificar como urbanos, al amparo de lo previsto en el artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aquellos bienes inmuebles cuyo suelo sea urbanizable sectorizado o delimitado según el planeamiento urbanístico, resulta exigible que se haya aprobado el instrumento de ordenación que establezca las determinaciones para su desarrollo.
Referencias normativas: 
RDLeg 1/2004 Texto Refundido Catastro Inmobiliario
7.2.b)
Texto de la resolución: 
 
             En la Villa de Madrid, en fecha 13 de mayo de 2015, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesto por D. Jx con NIF ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución de 29 de septiembre de 2011 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía-Sala de Málaga por la que se desestima la reclamación núm. 29-05596-2009 interpuesta contra el acuerdo de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga por el que se desestima el recurso promovido contra las notificaciones del valor catastral asignado a los bienes inmuebles de referencia catastral C1, C2 y C3  como consecuencia de la tramitación del procedimiento de valoración colectiva de carácter general de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de Vélez-Málaga en el año 2007, siendo el importe del de mayor cuantía 2.266.152,00 euros.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 27 de diciembre de 2007, la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga emitió los acuerdos de notificación del valor catastral asignado a los referidos bienes inmuebles como consecuencia de la tramitación del procedimiento de valoración colectiva de carácter general llevado a cabo en el municipio de Vélez-Málaga.
SEGUNDO.- No conforme con dichos acuerdos, de los que no consta la fecha de su notificación, el día 21 de febrero de 2008 interpuso recurso de reposición en el que alega que el valor unitario aplicado supera notablemente el de mercado puesto que no se ha tenido en cuenta que la barriada en la que están localizados está mal comunicada con el resto del municipio, los terrenos corresponden a una finca rústica en la barriada de..., y no habiéndose iniciado la tramitación del Plan Parcial de Ordenación Urbana, el 30% del techo edificable debe destinarse a viviendas protegidas, se incrementa la superficie destinada a áreas libres y las cargas suplementarias de contribución a la urbanización y que se ha omitido la aplicación sobre el referido valor unitario de los coeficientes correctores G (0,70) por la obligatoriedad de destinar el 30% del techo edificable a vivienda de protección social y M (0,80) por afectación de los terrenos por situaciones especiales de carácter extrínseco. Adjuntando un plano topográfico y la ficha urbanística del sector SUS CH-1.
TERCERO.- El día 29 de abril de 2009, la Gerencia del Catastro desestimó el recurso de reposición (expediente 32470.29/08), relativo a la finca de referencia catastral C1 al considerar que el valor catastral se había obtenido de conformidad con la normativa de aplicación y que no había sido desvirtuado por prueba en contrario.
CUARTO.- No conforme con la resolución, que según indica el recurrente le fue notificada el 1 de septiembre de 2009, con fecha 1 de octubre de dicho año interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía y, tras la puesta de manifiesto del expediente, el 19 de marzo de 2010 presentó un escrito en el que alega que, interpuesto el recurso respecto a la valoración de tres inmuebles, la Gerencia había resuelto únicamente respecto a uno de ellos; que en las valoraciones de los inmuebles no se habían considerado las circunstancias urbanísticas del suelo, que la finca era rústica y estaba localizada dentro del sector de suelo urbanizable sectorizado (S.U.S.) CH-1 “Bta”, que la edificabilidad no puede someterse a gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles al no integrarse dentro del contenido de la propiedad del suelo y que su auténtica naturaleza es de finca rústica; y subsidiariamente que el valor unitario del suelo aplicado supera el de mercado, remitiéndose a la tasación de 20 de febrero de 2008 aportada; que se ha omitido la aplicación sobre el referido valor unitario de los coeficientes correctores G (0,70) por la obligatoriedad de destinar el 30% del techo edificable a vivienda de protección social y M (0,80) por afectación de los terrenos por situaciones especiales de carácter extrínseco y que impugna indirectamente la ponencia de valores que da lugar a unos valores catastrales que exceden de los límites máximos permitidos. Aportando como documento probatorio, entre otros, un dictamen pericial suscrito el 4 de febrero de 2010, relativo al bien inmueble de referencia catastral C1 visado por el correspondiente Colegio Profesional, en el que, tras considerar que “la presente valoración debería hacerse en base a su condición de suelo rural” al no haberse iniciado la urbanización del terreno el 1 de enero de 2008, fecha a la que se refiere la valoración, se establece un valor del suelo por el método residual dinámico de 1.342.000,00 euros.
QUINTO.-   Mediante resolución de 29 de septiembre de 2011, el Tribunal Regional desestimó la reclamación por considerar que la ponencia de valores se ha llevado a cabo cumpliendo todos los trámites legalmente establecidos; que las alegaciones realizadas se referían exclusivamente al inmueble de referencia catastral C1, que, a la vista de lo dispuesto en el apartado 2 del capítulo 1 del documento 1 de la ponencia su valoración como inmueble urbano y no rústico es conforme a derecho; que no se ha acreditado que concurran las circunstancias exigibles para la aplicación de los coeficientes G y M; que el límite del valor catastral no es el cincuenta por ciento del de mercado, que según la prueba pericial aportada el valor de tasación de la finca era de 3.799.340,83 euros, que el dictamen no reúne los requisitos necesarios para ser admitido en derecho al ser el visado por el Colegio un requisito necesario para su validez; que “en el supuesto de autos, el valor de mercado es superior al valor catastral” y que de la hoja de valoración se desprende que se ha tenido en cuenta el coeficiente de relación al mercado.
SEXTO.- Contra la resolución del Tribunal Regional, que fue notificada el 19 de octubre de 2011, la interesada interpuso recurso de alzada el día 18 de noviembre siguiente, alegando en esencia que el informe aportado estaba válidamente visado; que en ningún momento había mantenido que el valor catastral debía ser el cincuenta por ciento del de mercado; que admitiendo la impugnación indirecta de la ponencia de valores no se había entrado a conocer los motivos invocados contra ella; que la ponencia establece un campo de aplicación del coeficiente G en caso de valoración por unitario que es seguido en el inmueble de referencia, que nada tenía que acreditar en cuanto a su aplicación en cuanto la imposición de destinar el 30 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos a viviendas de Protección Oficial le viene establecida por imperativo legal y que había acreditado la afectación por futuros viales de la finca y su situación de inconcreción urbanística; dando por reproducidas sus alegaciones anteriores.
Posteriormente aporta copia de la sentencia número 2159/2014 dictada el 30 de mayo por el Tribunal Supremo y de un escrito suscrito por el Gerente Territorial del Catastro de Málaga el 16 de julio de 2014, en el que, en respuesta a la solicitud de resolución expresa del recurso de reposición promovido en relación con los otros dos inmuebles señalados en el mismo, se indicaba que “la resolución notificada relativa al expediente 32470/08 se hace extensivo a los tres inmuebles descritos aunque en el encabezamiento aparezca solo la referencia catastral del primero de ellos.”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimación, formulación en plazo y cuantía, exigidos por el Reglamento aplicable para su toma en consideración por este Tribunal Económico-Administrativo Central, al que se plantea si es o no correcta la resolución del Tribunal Regional.
SEGUNDO.-No obstante, como cuestión previa al fondo del asunto es preciso señalar que el artículo 241.2 de la Ley 58/2003, de 23 de diciembre, General Tributaria, establece que “Cuando el recurrente hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, el escrito de interposición deberá contener las alegaciones y adjuntará las pruebas oportunas, resultando admisibles únicamente las pruebas que no hayan podido aportarse en primera instancia” y en el presente caso se da el supuesto anteriormente enunciado puesto que los nuevos documentos aportados en esta instancia, copia de una sentencia del Tribunal Supremo y de un informe del Gerente del Catastro, no pudieron aportarse ante el Tribunal Regional por ser posteriores a la resolución impugnada, entendiendo que el pronunciamiento del Tribunal Regional y, consecuentemente, el objeto del presente recurso de alzada es la notificación del valor catastral resultante del procedimiento de valoración colectiva de los tres bienes inmuebles a los que se refería el recurso de reposición, formulado en un único escrito que incluía las tres valoraciones y sin que conste en el expediente que haya sido desacumulado por el Centro Gestor. 
TERCERO.-En cuanto a la impugnación indirecta de las ponencias de valores, cabe precisar que estas son actos administrativos y no disposiciones generales, debiendo señalarse al respecto que si tuvieran este último carácter no serían impugnables ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado tal como prescribe el artículo 27.4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y es que los actos de aprobación de las mismas, insertados en un procedimiento de valoración colectiva catastral, tienen carácter general por su contenido y destinatarios pero ello no les hace perder su carácter de ser consecuencia de la aplicación del ordenamiento jurídico, por lo que no forman parte del mismo, y no pueden equipararse a las disposiciones generales, en este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en diversas ocasiones. Con carácter general la posición doctrinal y jurisprudencial ha sido favorable a la impugnación indirecta de las ponencias de valores en el momento de concretarse la asignación individual de valores, sin embargo, en resolución de este Tribunal Central, de 12 de junio de 2014 (R.G. 00-04122-2011), se ha procedido a un cambio en el criterio al respecto, para adecuarlo a la línea jurisprudencial trazada, entre otras, por la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2013, dictada con motivo del recurso de casación núm. 5190/2011 interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada el 17 de mayo de 2011 por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al amparo de la cual no cabe admitir el recurso indirecto contra las ponencias de valores, puesto que es un acto administrativo de aplicación de la normativa catastral.
Por ello, procede inadmitir las pretensiones del recurrente relativas a las cuestiones referentes a los vicios advertidos en la ponencia de valores de la que trae causa el acto impugnado, ya que, en este caso, ha ganado firmeza una vez concluido el plazo legalmente establecido para la interposición del recurso pertinente.
 
CUARTO.- Alega el recurrente que la finca es rústica y que el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de mayo de 2014, dictada en el recurso de casación en interés de Ley núm. 2362/2013 interpuesto contra la sentencia de 26 de marzo de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha “establecido como doctrina jurisprudencial que la correcta interpretación del art. 7.2 del TRLCI obliga a concluir que sólo pueden considerarse urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada.”; sin embargo el Tribunal Supremo en la sentencia aludida viene a desestimar el recurso interpuesto, “al no poder aceptarse la doctrina que postula el Abogado del Estado” que solicitaba que se fijase la siguiente doctrina legal: "El art. 7.2 b) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario no exige, a efectos de la consideración como suelo de naturaleza urbana del suelo urbanizable incluido en sectores o ámbitos espaciales delimitados, la aprobación de un instrumento urbanístico que determine su ordenación detallada.".
 
No obstante, la Audiencia Nacional en sentencias de 9 y 10 de octubre de 2014, dictadas en los recursos contencioso-administrativos números 399/2013 y 148/2014, considera “doctrina extrapolable al presente caso” lo que se indica en el fundamento de derecho sexto y séptimo de la citada sentencia del Tribunal Supremo, que disponen:
“SEXTO. Ante esta realidad, hay que interpretar que el legislador estatal, en el artículo 7.2.b) controvertido ha utilizado una amplia fórmula para recoger todos los supuestos posibles que con independencia de la concreta terminología urbanística pueda englobar a esta clase de inmuebles.
 
Ahora bien, no cabe sostener, como mantiene el Abogado del Estado, que todo el suelo urbanizable sectorizado o delimitado por el planeamiento general tiene per se la consideración catastral de suelo urbano, sin distinguir si se encuentra ordenado o no ordenado, y que el artículo 7 sólo excluye de tal consideración al urbanizable no sectorizado sin instrumento urbanístico aprobado que establezca las determinaciones para su desarrollo.
Antes, por el contrario, hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico. (El subrayado es nuestro).
Si no se aceptara esta interpretación, perdería de sentido el último inciso del precepto, cuando dice que << los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo>>, porque este momento no puede ser el momento de sectorización o delimitación del terreno urbanizable, si éste se disocia del momento de aprobación del instrumento urbanístico de desarrollo.
No podemos olvidar que el propio TRLCI, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, afirma en su Exposición de Motivos que el Catastro es un órgano de naturaleza tributaria, siendo su razón de ser la de servir para la gestión de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública, y así lo ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional en su sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, en la que refleja que la organización del Catastro, justamente por tratarse de una institución común e indispensable para la gestión de los impuestos estatales más relevantes, es una competencia que ha de incardinarse, sin lugar a dudas, en la de Hacienda General del artículo 149.1.14 de la Constitución, y que la información catastral estará al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria de asignación equitativa de los recursos públicos.
Por ello, no puede desconocerse que el régimen jurídico del derecho de propiedad configurado por la norma urbanística incide sobre la regulación tributaria y, en concreto, en la formación del Catastro y en cómo se determina el valor catastral de cada una de las parcelas que se incluyen en ese registro.
De esta interrelación deriva la necesidad de que, por un lado, la descripción catastral atienda, entre otras cosas, a las características físicas, económicas y jurídicas de los bienes, a su uso o destino, a la clase de cultivo o su aprovechamiento (art. 3 del TRLCI)) y, por otro lado, que la determinación del valor catastral tenga en cuenta, entre otros criterios, la localización del inmueble o las circunstancias urbanísticas que afectan al suelo (art. 23 del mismo texto), proclamando, por su parte, el art. 11 la obligatoriedad de incorporar los bienes inmuebles en el Catastro, así como las alteraciones de sus características con el designio de que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad.
SÉPTIMO. Es cierto que la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, supuso un cambio en la configuración del derecho de propiedad, al reconocer lo que ella denomina dos situaciones básicas, el suelo rural y el suelo urbanizado, terminando así la diferenciación establecida por la Ley 6/1998, de 13 de abril, que distinguía entre suelo urbanizable o no urbanizable, urbano y el suelo de los municipios donde no existía planeamiento, y que los efectos de este cambio se circunscriben a las valoraciones a efectos de expropiación forzosa, venta o sustitución forzosa y responsabilidad patrimonial.
 
Sin embargo, si se desconectan completamente ambas normativas nos podemos encontrar con valores muy diferentes, consecuencia de métodos de valoración distintos, de suerte que un mismo bien inmueble tenga un valor sustancialmente distinto según el sector normativo de que se trate, fiscal o urbanístico, no siendo fácil justificar que a efectos fiscales se otorgue al inmueble un valor muy superior al que deriva del TRLS, obligando al contribuyente a soportar en diversos tributos una carga fiscal superior, mientras que resulta comparativamente infravalorado a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial.
Por otra parte, como para calcular el valor catastral se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso aquel pueda superar a este último (art. 23.2 del TRLC) si las ponencias de valores no reconocen la realidad urbanística, podríamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral superior al del mercado, con posible vulneración del principio de capacidad económica, que no permite valorar tributariamente un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estaría gravando una riqueza ficticia o inexistente.
En consecuencia, teniendo en cuenta que las Comunidades Autónomas pueden precisar la noción de suelo urbanizable en sus respectivos ámbitos territoriales, y que los Ayuntamientos son competentes para acometer aquellas recalificaciones que estimen necesarias, la homogeneidad en la hermenéutica de los designios del artículo 7 del TRLCI exige acudir, en caso de duda, a los criterios dimanantes del TRLS, evitando las incoherencias generadas por la concurrencia de dos regulaciones tan distintas sobre una misma realidad fáctica.
Como expuso el Tribunal Constitucional, primero en su sentencia 61/1997 de 20 de marzo, con ocasión de la inconstitucionalidad planteada respecto al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, y después en su sentencia 164/2001 de 11 de Julio, con ocasión de la inconstitucionalidad planteada frente a la Ley 6/1998 de 13 de abril, del Régimen del Suelo y de Valoraciones, el derecho fundamental de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución se conforma por su régimen jurídico y el régimen de valoración del suelo, y que tales condiciones son las reguladas en la Ley del suelo estatal, ejerciendo dicha norma una vinculación respecto del resto de normas que inciden, de uno u otro modo, en ciertos aspectos de la propiedad del suelo.
Frente a lo expuesto, de indiscutible alcance general, no cabe invocar el art. 30.2 c) del TRLCI, que admite, dentro del procedimiento simplificado de valoración colectiva un mecanismo especifico de valoración en los casos de cambiar el suelo de naturaleza por modificación del planeamiento al incluirlos en ámbitos delimitados, cuando en este caso ni siquiera se trataba de un procedimiento simplificado de valoración colectiva, sino de una valoración colectiva de carácter parcial.”.
 
QUINTO.- Por su parte, si bien este Tribunal ha venido considerando que “De conformidad con lo previsto en el artículo 7 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, “El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo” y según el apartado 2 de ese mismo artículo, son suelos de naturaleza urbana, entre otros, “Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados.” Por lo que cabe concluir que la clasificación como inmueble urbano de la parcela (...) se ajusta a lo previsto en el artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que considera como bienes inmuebles urbanos los asentados sobre terrenos clasificados como urbanizables por el planeamiento urbanístico, siempre que estén incluidos en sectores y aun cuando su ordenación no se haya desarrollado.” (resoluciones de 14 de junio de 2012 codificadas con los R.G.: 00-04584-2009 y 00-04585-2009), así como que la determinación de los valores catastrales se produce a través de un procedimiento reglado que determina la elaboración de las correspondientes ponencias de valores, que son objeto de publicación edictal, no teniendo incidencia alguna las calificaciones derivadas de la aplicación de la Ley del Suelo, que afecta exclusivamente a aspectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, fijando como criterio en resolución de 13 de septiembre de 2012, dictada en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por La Directora General del Catastro, codificado con el R.G.. 03215-2012, que “La determinación de la naturaleza urbana del suelo a efectos catastrales no se rige por las prescripciones de la Ley del Suelo, sino exclusivamente por el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuyo artículo 7 no exige, en relación con el suelo urbanizable sectorizado o delimitado, la aprobación de un planeamiento urbanístico que lo desarrolle.”, a la vista de la nueva línea jurisprudencial que interpreta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para considerar un bien inmueble urbano a efectos catastrales es necesaria la aprobación del instrumento de ordenación detallada del suelo, procede a modificar su anterior criterio en el sentido de “exigir , para clasificar como urbanos, al amparo de lo previsto en el artículo 7.2.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los bienes inmuebles cuyo suelo sea urbanizable sectorizado o delimitado según el planeamiento urbanístico, que  se haya aprobado el instrumento de ordenación que establezca las determinaciones para su desarrollo”.
 
SEXTO.- A la vista de lo que antecede procede examinar cuál debe ser la clasificación de los inmuebles objeto de esta impugnación, a cuyo efecto en primer lugar debe señalarse en relación con el valor probatorio que cabe conferir al dictamen pericial de arquitecto de 4 de febrero de 2010 que se presentó como prueba, que habiendo sido emitido con anterioridad al 1 de octubre de 2010, fecha de entrada vigor del Real Decreto 1000/2010, era exigible el correspondiente visado, lo que llevó a su inadmisibilidad al entender el Tribunal Regional que carecía del mismo, sin embargo, como bien señala el recurrente, el dictamen técnico aportado había sido visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga el 16 de marzo de 2010, expediente número 2010/000746/000, circunstancia que no fue debidamente apreciada por el citado Tribunal, por lo que debe ser tomado en consideración a los efectos oportunos.
En el presente caso el recurrente invoca la naturaleza rústica del suelo de los inmuebles de su titularidad, aportando al efecto un informe pericial, referido exclusivamente al inmueble de referencia C1., en el que tras examinar el plano topográfico aportado por la propiedad, el Plan General de Ordenación Urbana de Vélez-Málaga aprobado en el año 1996 y la revisión del citado Plan aprobado inicialmente aprobada, señala que “se trata de una finca rústica sembrada en su totalidad de olivos, con algunos algarrobos” y que a fecha 1 de enero de 2008 “La parcela objeto de valoración se encontraba clasificada como Suelo Urbanizable Programado, formando parte del ámbito SUP CH-1” y que “con fecha 7 de agosto de 2006, se había producido la aprobación inicial de la revisión del mencionado PGOU, documento que se encontraba en tramitación y que contaba con aprobación inicial. La parcela, objeto de valoración se encontraba clasificada como Suelo Urbanizable Sectorizado, formando parte del ámbito SUS CH-1.” y concluye que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2-b) de la Ley 8/2007 de 28 de mayo, del Suelo, entonces vigente la situación urbanística de la parcela sería la de suelo rural, ya que ni se ha iniciado, ni mucho menos terminado, su urbanización.
Pues bien, en el caso que se cuestiona, no puede valer como tal prueba un informe pericial, relativo exclusivamente a uno de los inmuebles cuya clasificación se cuestiona, en el que se concluye, omitiendo cualquier referencia a la ordenación del territorio, que el suelo es rústico por no haber concluido su urbanización, requisito que conforme a la nueva interpretación jurisprudencial del artículo no es exigible.
Además, el Ayuntamiento competente es el único que puede certificar la situación urbanística de un inmueble.
Ello, no obstante, visto el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el momento de efectos del acuerdo impugnado y la situación actual de la zona descrita en el avance del Plan General de Ordenación Urbanística de 2014 publicados en la página Web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, no consta que se haya procedido a la aprobación del instrumento de "ordenación detallada" de la zona, siendo dicho instrumento necesario para la clasificación como urbano de los inmuebles que sean terrenos urbanizables incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, procede ordenar la retroacción de actuaciones en orden a la motivación de la clasificación de los inmuebles como urbanos en función de la aprobación del instrumento de ordenación detallada correspondiente o de la concurrencia de cualquiera de los otros requisitos previstos en el artículo 7 del citado texto refundido (integración en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población, ser núcleo o asentamiento de población, contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, terreno consolidado por la edificación, etc.) o a su clasificación como inmuebles rústicos, lo que hace innecesario entrar a analizar el resto de las cuestiones planteadas.
Por lo expuesto,
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Estimar en parte el recurso de alzada interpuesto en nombre y representación de D. Jx, contra la resolución dictada el día 29 de septiembre de 2011 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía-Sala de Málaga, en la reclamación núm. 29-05596-2009 y anular los acuerdos de valoración dictados por el Centro Gestor.
 
La Administración está obligada a comunicar al contribuyente, al tiempo de notificarle la liquidación, los recursos que contra la misma pueden interponerse, con indicación de los plazos y organismos ante los cuales deberán ser presentados (ver apartado 6.2). Con carácter general, cuando un contribuyente recibe una liquidación, puede optar por presentar recurso ante el mismo órgano que dictó el acto (recurso de reposición) o, alternativamente, por recurrir directamente ante los Tribunales Económico-Administrativos (reclamación económico-administrativa). Estos recursos se comentan en los apartados 4.2 y 4.3. Además de estos recursos, que pueden denominarse “ordinarios”, la Ley ha previsto la figura del recurso extraordinario de revisión, que procede en los supuestos excepcionales que se comentan en el apartado 4.6. Los recursos citados participan de una característica común: en todos los casos se trata de recursos “administrativos” por ser resueltos por órganos de la propia Administración. Posteriormente, una vez agotada la vía administrativa, los contribuyentes pueden dirigirse a los Tribunales de Justicia mediante el denominado recurso contencioso administrativo.
 
Por todo lo cual,
 
SOLICITA
Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y documentos que se acompañan, los admita y considere presentada SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE los INGRESOS INDEBIDOS abonados en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al haber sido calculadas las liquidaciones de los años 2011, 2012,  2013, 2014 y 2015 aplicando  una base imponible superior a la legalmente establecida, y acuerde su devolución más los intereses de demora que legalmente correspondan, asimismo solicitar expresamente la aplicación de dicha doctrina en las futuras liquidaciones y la devolución del importe del ingreso indebidamente efectuado más el interés de demora que corresponda, todo ello por ingreso superior al debido del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
Asimismo solicito el archivo de cualesquiera ejecuciones y embargos derivados de los mencionados ejercicios 2011, 2012,  2013, 2014 y 2015.
Asimismo debe darse de baja todos los recibos del IBI de los ejercicios que aun no hayan sido dados de baja.
 
En 6 
 
Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia Territorial del Catastro de
ASUNTO: Revisión de valoraciones catastrales y de liquidaciones por IBI
           
 
 
A LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE MURCIA
 
D…. , con DNI … , con domicilio a efectos de notificaciones en …., comparezco ante la Gerencia Territorial del Catastro de Murcia y, en términos de Derecho, DIGO:
 
Que por medio del presente escrito vengo a formular RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS previsto en el artículo 102 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y subsidiariamente tenga por interpuesto RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN del artículo 118 del citado texto legal contra los actos administrativos que se citan en el cuerpo del presente escrito y todo ello en base a las siguientes
 
 
ALEGACIONES
 
 
 
 
TERCERO.- impuesto, sin que sin embargo haya existido una notificación individual por parte de la Dirección General del Catastro que informe sobre los motivos concretos de tales valores, dejándome en una situación de total y absoluta indefensión, no habiendo tenido oportunidad, así, de rebatir la determinación individualizada del valor catastral de mi vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 en relación con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, con vulneración de los principios de proporcionalidad, justicia y seguridad jurídica, así como el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
 
Adjunto acompaño como Documento nº 1 copia del último recibo de IBI liquidado, en el que se puede observar que la cuota a abonar, aun después de haberse aplicado la citada bonificación, arroja una cantidad de ………. (PONER CIFRA DE IBI SATISFECHO), sin duda una cifra elevadísima (como seguidamente se fundamenta) cuya “motivación” no ha podido ser conocida ni discutida por esta parte.
 
La ausencia de un trámite que permita al interesado conocer los motivos en que se fundamentan estas valoraciones desorbitadas, es contrario a Derecho y motivo suficiente para tener por NULAS las liquidaciones que sobre ellas se practiquen, ya que la efectiva notificación del valor catastral condiciona la propia eficacia del acto y es presupuesto necesario de la liquidación.
 
 
 
QUINTO.-  Se ha de expresar igualmente que la citada cooperativa ya puso de manifiesto en un recurso de reposición interpuesto el 18 de abril de 2011 ante la Dirección Territorial del Catastro de Murcia, y que hasta el momento no ha sido objeto de resolución expresa, la ILEGALIDAD de la mencionada Ponencia de Valores Parcial, aprobada en el año 2007, al superar con mucho el VALOR DE MERCADO, conculcando lo establecido en el artículo 23.2º del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (RD Leg. 1/2004, de 5 de marzo), a cuyo tenor el valor catastral no podrá exceder del de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, añadiendo a continuación dicho precepto que “en los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente el valor catastral no podrá, en ningún caso, superar dicho precio”.
 
Como en dicho recurso se puso de manifiesto, la valoración del suelo efectuada por la Gerencia Regional del Catastro de Murcia notificada como consecuencia de la alteración catastral correspondiente a la Manzana A de la mencionada Urbanización, resultaba completamente DESMESURADA –especialmente a efectos de su repercusión en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles–, y se señalaba, entre otros factores, el no haber tenido en cuenta, en dicha valoración, la aplicación del coeficiente corrector correspondiente a suelos con afección a la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública (coeficiente G), en vulneración de lo establecido en el RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
 
SEXTO.- La Jurisprudencia viene reclamando en los últimos años la necesidad de motivar suficientemente las valoraciones catastrales resultantes de los criterios contenidos en las Ponencias de Valores, de manera que si éstas adolecen de tal motivación, quedan anuladas, “resucitando” las vigentes con anterioridad a las que quedan sin efecto como consecuencia de la resolución judicial.
 
Es necesario traer a colación, en particular, la Sentencia núm. 89/2011 del TSJ de Valencia, de 31 de enero (JUR\2011\162274), confirmada posteriormente por Auto del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2012 (JUR\2012\71585), en la que textualmente se habla del valor de mercado como “tope o referencia que no se puede traspasar”, “el punto de partida para el establecimiento del valor catastral” que “debe estar suficientemente justificado en la Ponencia de Valores”. Acompañamos copia de ambas sentencias como Documentos nº 8 y 9.
 
 
Otra Sentencia del TSJ de Valencia (Sentencia de 20 de diciembre de 2007, JUR\2008\108628) declara asimismo la nulidad de los actos de aplicación de una Ponencia de Valores que no se ajusta a las exigencias de motivación en cuanto a la fijación de los valores catastrales concretada en la suficiencia del Estudio de Mercado que debe servir de base para la redacción de aquella y “cuya finalidad es la de orientar, guiar o encaminar a los redactores de las mismas para realizarlas de forma tal que los valores catastrales resultantes de su aplicación estén en relación con los valores del municipio, sin sobrepasarlos”.
 
SÉPTIMO.-  A los efectos de la debida defensa de mis intereses, y para el caso de que así se estime necesario por esta Gerencia, solicito que se remita copia del citado recurso y del expediente que del mismo se derive a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Murcia, con el fin de que, en su día, proceda a emitir las liquidaciones correctas del impuesto.
 
En su virtud,
 
A LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE MURCIA SOLICITO que tenga por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan, y en virtud del artículo 102 de la Ley 30/92, regulador del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarnos ante un supuesto de nulidad absoluta del artículo 62.e) y 62.a) interpongo RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS, o subsidiariamente tenga por interpuesto RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN previsto en el artículo 118 del citado texto legal, puesto que tanto en las liquidaciones como en las Ponencias de Valores y las Valoraciones Catastrales individualizadas existe un evidente error de hecho según se ha expuesto a lo largo de este escrito,  y de conformidad con lo manifestado::
 
1º.- Se declare la NULIDAD de las liquidaciones por Impuesto sobre Bienes Inmuebles por no ser acordes al valor real y actual del inmueble y como consecuencia de la ausencia de notificación de la valoración catastral individualizada del inmueble de mi propiedad, causante de indefensión, con expresa DEVOLUCIÓN de las cantidades correspondientes a los periodos impositivos de …(fechas)…  y que ascienden a ….(euros)…COMPLETAR SEGÚN LOS RECIBOS QUE SE HAYAN PAGADO Y RECIBIDO y consiguiente, se proceda a la liquidación correcta y acorde con la realidad y legislación vigente, en la que se motive la valoración que resulte.
 
2º.- Se declare la NULIDAD de la Ponencia de Valores Parcial aprobada por Resolución de 17 de octubre de 2007 de la Gerencia Territorial del Catastro (BORM nº 244, de 22 de octubre) por no ajustarse rigurosamente al Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, estableciendo unos valores catastrales completamente irreales y que, a mayor abundamiento, carecen de las exigencias de motivación legalmente establecidas, que deben concretarse en Estudios de Mercado cuya existencia no ha podido ser constatada, no figurando en la mencionada Ponencia.
 
3º.- Se declare la NULIDAD de las valoraciones catastrales individualizadas derivadas de la aplicación de dicha Ponencia, y en particular, el valor catastral de mi vivienda, y que en absoluto guarda relación proporcional alguna con los valores reales de otros inmuebles sitos en zonas cercanas, con una situación mucho más privilegiada que la de mi vivienda, que ostenta la condición de VPO, circunstancia que no ha sido tenida en cuenta por la Administración, en contra de lo establecido en el artículo 23.1.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario.
 
 
4º.- Subsidiariamente y para el caso de que no fueran estimadas mis peticiones, que se proceda a la REVISIÓN de la mencionada Ponencia de Valores con el fin de que los valores catastrales resultantes de su aplicación se ajusten a la baja a los reales de mercado, sobre la base de Estudios de Mercado actualizados que reflejen la actual realidad urbanística en el entorno de profunda crisis inmobiliaria en el que nos encontramos, y que permitan la correcta aplicación de las Normas contenidas en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, en especial en cuanto a las exigencias de motivación que en ellas se establece.
 
Todo ello que pido en
 
 
1. Solicitar un certificado urbanístico o información urbanística de la finca o parcela en cuestión al ayuntamiento correspondiente.
3. Si la petición de devolución es viable, un arquitecto deberá emitir un informe técnico y de valoración del suelo de la parcela. Entre otras cosas, trasladará allí las características concretas del PGOU municipal al caso en concreto.
4. A partir de ahí se redactará por parte del abogado un escrito dirigido al ayuntamiento para pedir la devolución de importe pagado en los últimos 4 recibos anuales y que no se cobre el impuesto como urbano en años posteriores, abriendo así la vía administrativa. Para ello, el letrado debe pedir que se traslade el escrito a la gerencia del catastro para que emita el informe correspondiente y, si procede, para que revise la ponencia catastral que afecta a la finca en cuestión, adaptándola a la realidad fáctica.
5. En el caso de que el Ayuntamiento no dicte resolución dentro del plazo legal o lo dicte negativamente habrá de interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente.
 
1 impugnar el recibo liquidación mediante recurso económico administrativo al TEAR para provocar un acto administrativo expreso o presunto por silencio
2 demanda ante el contenciosos administrativo
 
La solución fue presentar en la Gerencia del Catastro una reclamación por subsanación de errores y éstos determinaron el valor correcto de aplicación de la ponencia solucionando mi problema.
 
 
Subsanación de discrepancias El procedimiento de subsanación de discrepancias es un procedimiento administrativo que tiene como finalidad subsanar la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria, tramitándose cuando la Administración tenga conocimiento, por cualquier medio, de la referida discordancia y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación establecido para la interposición del recurso pertinente determinaría que el acto devenga firme y consentido. Ello no obstante, en el caso de que la ponencia de valores estuviere afectada por un vicio determinante de la nulidad de pleno derecho, aún después de transcurrido el plazo referido, el interesado podría ejercitar una acción de nulidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 217 LGT.
 

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